Argentina atraviesa una de las crisis sociales y económicas más grandes de su historia, a lo que se suma la pandemia que golpea un débil sistema sanitario. No hay plata, según dicen, para aumentar salarios y jubilaciones. Sin embargo, sí hay voluntad política y gestiones especiales del Presidente para promover la legalización del aborto. Cualquier indagación arroja que el gobierno carece de motivos para promover el aborto en este contexto, rechazado hace tan solo dos años en el parlamento. Los impulsores de la ley dicen que se trata de un problema de salud pública. Pero las últimas estadísticas públicas disponibles para el ítem de mortalidad femenina indican que tan solo 30 mujeres murieron por aborto en todo el año 2017, sin diferenciar abortos espontáneos de provocados, frente a más de 800 por desnutrición y muchísimas más aún por cáncer y otras causales. Resulta difícil comprender bajo qué cálculo o compromiso político se decidió alentar esta ley, sabiendo además la tensión social que motiva. Pero si la decisión carece de racionalidad en función de la agenda pública local, como carece de racionalidad también condenar a la miseria a los jubilados, no significa que sea un absurdo, sino que la racionalidad de estas medidas debe comprenderse instrumentalmente en función del interés de alguien más.
Cabe prestar entonces especial atención a la injerencia de los organismos multilaterales, especialmente de los de crédito, que condicionan su apoyo político y financiero a la adopción de ciertas políticas públicas orientadas a asegurar la “sustentabilidad” económica y política del país deudor. Aquí cabe preguntarse, ¿cuál es uno de los principales bienes económicos de un país, donde descansa la mayor de sus potencialidades? Su población. En efecto, las mayores potencias mundiales tienden a ser los países con mayor densidad poblacional. Resulta lógico que los países que ya alcanzaron dicho estatus dirijan hacia los “subdesarrollados” una política de contención, tendiente al decrecimiento. Los programas de control de la natalidad, bajo los eufemismos de “planificación familiar” y promoción de la “salud reproductiva”, destinados a otorgar “sustentabilidad ambiental” al consumo de recursos naturales son una política de Estado de los EEUU desde los años 70 (NSSM-200), además de ser parte de la agenda de organismos como el Fondo de Población de la ONU, el Banco Mundial, Open Society, etc. Cuando el Padre Pepe sintetiza: “Aborto es FMI”, lo hace por esta razón. El aborto, junto a la reforma previsional que ajusta los ingresos de los jubilados y pensionados, es una pieza esencial del “ajuste verde” exigido por las grandes potencias y los poderes financieros internacionales. Su móvil no es sólo económico (el Estado se ahorra asignaciones familiares y jubilaciones para seguir pagando religiosamente la deuda externa) sino geopolítico (atentar contra la densidad poblacional).
Nadie elegiría solamente achicar gastos o dejar de tener hijos para hacer frente a sus compromisos, sin procurar generar mayores ingresos. Pero crear trabajo promoviendo la estabilidad económica y afectiva de las familias argentinas, alentando así el desarrollo del país, no es una opción para nuestros acreedores. Precisan que nunca tengamos poder suficiente como para poder prescindir de ellos ni resistirnos a que se queden con nuestros recursos. Quieren un pueblo con el pie encima: chico en relación al territorio y los recursos de que dispone; asistido pero pobre; improductivo, pero ajustado también vía impuestos indirectos que paga de su bolsillo; con un Estado relativamente grande en comparación, pero destinado a promover políticas que vuelvan cada vez más caro, difícil y burocrático emprender algún proyecto productivo o formar una familia; un Estado que incluso promueve políticas que achican al pueblo cada vez más, demográfica y existencialmente hablando, impidiendo nacimientos y adelantando muertes de ancianos y cuyo modelo de ciudadano es el individuo aislado de todo vínculo, habitante de monoambiente alquilado, que convive, en el mejor de los casos, solo con alguna mascota y, aún así, apenas costea su miserable y triste vida. Solo un Estado así puede considerar que un embarazo es un problema: un “Estado presente”, pero al servicio del extranjero.
Fuente: MONTENEGRO, Esteban. «Columna de Opinión Internacional (Argentina) del 23.12.2020». Diario La Verdad. Lima, Perú.
CCLN/Sección III.C4 - Prensa y Relaciones Públicas
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